Delitos societarios: Concepto, bien jurídico protegido “categorial” o común, evolución histórica y elementos comunes.

Comenzamos con éste una serie de artículos dedicados a los delitos societarios, de gran importancia para los empresarios y administradores(tanto de hecho como de derecho) de las sociedades mercantiles.

Los delitos societarios fueron introducidos en el código penal del 1995 como una figura delictiva de nueva creación, incardinándose en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, si bien hay que tener en cuenta que el bien jurídico que se pretende proteger con los mismos es este segundo (el orden socioeconómico), dado que el concepto tradicional de patrimonio contenido en el Código Penal de 1973 resultaba insuficiente para el castigo de las formas de criminalidad económica que persiguen estos tipos penales.

Se trata de un grupo de delitos que pretende la sanción de las infidelidades y abusos de poder desarrollados por los administradores de la sociedad en perjuicio de la misma, de sus socios o de terceros. Se pretende con ello la protección de la correcta administración de las sociedades de capital, y por consiguiente la protección de la regulación de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que no es sino uno de los ámbitos socioeconómicos más importantes en un estado de derecho. Seria pues éste el bien jurídico “categorial” o común a este tipo de delitos, que después se irá concretando, especificando y especializando en cada uno de los tipos penales.

La doctrina de la responsabilidad penal de las agrupaciones goza de un gran arraigo en el derecho anglosajón, si bien en la Europa Continental no alcanzó su afianzamiento hasta bien entrado el siglo XX.

En la Francia del siglo XIX se decía que “las sociedades no pueden delinquir (societas delinquere non potest)”. El desarrollo económico que da lugar al derecho penal económico introduce el principio de responsabilidad penal de las sociedades mercantiles, y con ello, a los delitos cometidos en el seno de éstas, los cuales son introducidos en numerosas legislaciones y defendidos en diversos Congresos Internacionales como el de Bucarest de 1929, el de Roma de 1953, o el de Budapest de 1978.

En España el primer precedente lo tenemos con la Reforma del Código Penal del año 1983, con la que se introdujo en artículo 15 bis, y en virtud del cual por primera vez se establecía el criterio de responsabilidad personal del Directivo u Órgano de Administración de la persona jurídica, y de quien actuase como representante legal o voluntario de la misma.

El Código Penal de 1995 consolida esta tendencia y crea un Capítulo específico (el nº XIII) dentro del Título XIII denominado “ De los Delitos Societarios”, castigando en definitiva una serie de comportamientos heterogéneos que se pueden cometer en el seno de las sociedades por parte de los socios o administradores de las mismas.

Por lo que respecta a los elementos comunes a todos los delitos societarios, podemos distinguir 3:

1).- El concepto de sociedad:

Regulado en el artículo 297 del Código Penal, en el mismo se establece que se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Se trata de un concepto amplio y abierto, al establecerse como tal “cualquier otra entidad de análoga naturaleza” que opere como tal.

2).- Administrador (de hecho o de derecho):

En todos los tipos penales se hace una equiparación de las dos figuras, sin establecer distinción formal entre ambas, con el objeto de castigar a aquel que realmente gestiona la sociedad, a pesar de no tener una vinculación formal con la misma  – supuesto muy común en la práctica societaria por cierto –.

3).- Delitos semipúblicos:

Ello implica que solo serán perseguibles a través de denuncia de la persona agraviada o su representante legal, no actuando la Administración de Justicia de oficio ante la realización de dichas conductas, salvo que el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

En los siguientes post trataremos los distintos delitos societarios, uno por uno.

Sergio Culla.
Abogado
EFS Abogados & Economistas Valencia